PricewaterhouseCoopers
y la Financiera de Desarrollo Nacional coinciden en que la inversión debe
extenderse a megacolegios y cárceles.
Cárceles
en concesión, una de las propuestas de la firma PwC.
Colombia
debe comenzar a invertir en la infraestructura social a partir de este y el
próximo año, si quiere mantenerse como uno de los actores principales de este
sector en América Latina.
Esta
conclusión fue hecha por Jaime Molina, director de Infraestructura de la firma
PricewaterhouseCoopers (PwC) Colombia, quien afirma que, con el inicio de
tareas en las concesiones de transporte –viales, férreas, portuarias y
aeroportuarias–, el siguiente paso para el país debería ser enfocarse a
trabajos de tipo social.
“Las
intervenciones en esta clase de infraestructura han sido tímidas y el Gobierno
debería considerar adelantarse aún más a que estas se comiencen a desarrollar
antes del próximo año, es decir, que no se dejen para lo último”, agrega.
En
esta aseveración coincide Clemente del Valle, presidente de la Financiera de
Desarrollo Nacional (FND) –institución que promueve la participación privada en
el sector–, quien añade que desde el Gobierno ya se conoce esta preocupación,
por lo cual “en el mediano plazo nos enfocaremos en promocionar grandes
proyectos de infraestructura social como hospitales, colegios y acceso a
ciudades, entre otros”.
Incluso,
Molina va más allá y afirma que las cárceles también podrían incluirse en este
paquete de propuestas, que, en su opinión, tendría mayores índices de
factibilidad si se entregan por concesión, tal y como viene sucediendo con los
proyectos de transporte.
“Desde
PwC vemos que el tema social e institucional debería comenzar a moverse cuanto
antes, con lo cual también se lograría sopesar este momento que vive el sector
por cuenta del escándalo de sobornos de la multinacional Odebrecht”, dice el
directivo.
Y es
que la región sigue (y seguirá) sintiendo el coletazo del escándalo de la
multinacional brasileña Odebrecht, según dijo la semana pasada un vocero de
Naciones Unidas.
El
tema no es menor, si se tiene presente que los impactos de este caso llevarían
incluso a que los proyectos de infraestructura se retrasen hasta cinco años
más, tal y como sucederá con la construcción de la Ruta del Sol II, que según
cuenta de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), terminaría obras en el
2022.
Actores extranjeros
Esto,
en gran parte, por la dificultad de que los concesionarios garanticen sus
respectivos cierres financieros, problema que viene de la cautela con que la
banca local está manejando la situación. Para este panorama, la FND señala que
“el impacto será de corto plazo” y confían que en el segundo semestre del 2017
se logren concretar los respaldos de 13 concesiones de cuarta generación (4G)
que aún siguen sin definirse.
En
contraste, para la firma PwC las repercusiones sí escalarían con el pasar de
los días, aspecto que podría dejar un espacio para que compañías extranjeras
aumenten su participación en estas iniciativas, las cuales, de hecho, ya tienen
tajadas en 19 concesiones de cuarta generación.
“Seguramente
el vacío que dejará Odebrecht será muy grande, por lo que es probable que
lleguen a la región actores de todo tipo de nacionalidades, sobre todo
japoneses, chinos y europeos, que cuentan con brazos financieros de mucho
alcance”, concluye Molina.
Del
Valle, por su parte, coincide con esta teoría y, de hecho, afirma que desde la
Financiera ya están “diseñando nuevos instrumentos que faciliten reciclar las
fuentes de recursos, sobre todo en la banca, y así ampliar el número de
jugadores tanto locales como internacionales”.
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